4. Principales dictámenes elaborados en 1997

Durante 1997, la CNDC emitió 38 dictámenes sobre diferentes casos puestos a su consideración. De ellos, 14 fueron simples desestimaciones u opiniones que se referían a procedimientos intermedios de determinados expedientes (medidas cautelares, sanciones por incumplimiento de requerimientos procesales, etc.), en tanto que los restantes 24 fueron dictámenes cuya respectiva resolución por parte del Secretario de Industria, Comercio y Minería puso fin a casos de mayor complejidad. Dichos casos aparecen enumerados en el apéndice 2 del presente Informe Anual.

En esta sección ofrecemos resúmenes de los ocho dictámenes que la CNDC considera más importantes dentro de la acción que llevó a cabo durante el año. Esa importancia no se refiere solamente a una dimensión cuantitativa del mercado involucrado, sino también cualitativamente a la importancia del caso como fuente de jurisprudencia. Tres de ellos (American Express c/ Visa, Mastercard y Argencard, Cámara Argentina de Papelerías y Librerías c/ Supermercados Makro, y SADIT y otros c/ Massalin Particulares y otros) han sido además publicados en su totalidad por la CNDC, a fin de que los hechos y los criterios de interpretación en ellos expuestos alcanzaran una mayor difusión entre los profesionales potencialmente actuantes ante la CNDC y en la opinión pública en general.

4.1. American Express c/ Visa, Mastercard y Argencard

4.2. Cámara Argentina de Papelerías y Librerías c/ Supermercados Makro

4.3. SADIT y otros c/ Massalin Particulares y otros

4.4. Axle y otros s/ infracción ley 22.262

Este caso se inició con una presentación de varias empresas fraccionadoras de gas licuado, y fue luego continuado de oficio por la CNDC. Los denunciados eran cinco productores de válvulas (Vaspia, Forargen, Tidar, Errepol y Metalúrgica VG) y la empresa Axle SA, a la cual dichos productores habían designado como su representante comercial común. Esta última empresa se encargaba del servicio de venta y era la que informaba, ante cada pedido concreto de válvulas, cuáles serían las condiciones de venta, la empresa proveedora y el precio a pagar por el producto.

La conducta analizada en este caso consistía en una restricción de la competencia en el mercado de válvulas para garrafas de gas licuado, a través de un sistema de comercialización unificado. De los elementos de juicio recogidos, la CNDC entendió que dicha concertación de los fabricantes competidores, entre sí y con el distribuidor designado por todos ellos, constituía una práctica colusiva con entidad suficiente para restringir la competencia, fundamentando el perjuicio al interés económico general.

En su dictamen, la CNDC tuvo en cuenta la existencia de pruebas documentales que acreditaban el acuerdo bajo análisis. También tomó en consideración el hecho de que las empresas denunciadas concentraban el grueso de la oferta (en el período durante el cual se produjo la conducta eran las únicas fabricantes de válvulas inscriptas en el registro de proveedores de Gas del Estado), el carácter poco diferenciado del producto en cuestión, y el marcado paralelismo en la evolución de sus precios. Asimismo, la CNDC sostuvo que el sistema compartido de distribución impuesto por las denunciadas sentaba las bases para una política concertada de precios y para otras actitudes colusivas, ya que debilitaba el funcionamiento de los mecanismos de mercado e implicaba un obstáculo para que operaran los incentivos propios de la competencia.

La práctica concertada de Axle SA con los fabricantes de válvulas probó también ser contraproducente para el bienestar general cuando con posterioridad tuvo lugar el ingreso de nuevos competidores al mercado. Dicho ingreso, que se produjo a través de importaciones, tuvo el efecto de reducir los precios, lo cual proveyó un indicio más de la escasa dinámica competitiva que había tenido el mercado durante el período en el cual rigió el acuerdo de representación comercial unificada. La limitación de la competencia subyacente en el acuerdo era sin embargo una práctica con antecedentes de larga data en el mercado en cuestión, el cual se había caracterizado por la presencia de comportamientos corporativos desde mucho antes que tuviera lugar el proceso de desregulación de la economía.

Como el caso se refería a una práctica comercial que al momento del dictamen había sido ya abandonada por las empresas denunciadas, no hubo necesidad de imponer a dichas empresas una orden de cese de su conducta. Sin embargo, la CNDC sí recomendó que se sancionara a las empresas Tidar, Errepol y Axle con multas diferenciadas según los volúmenes de ventas de las empresas y los diferentes lapsos durante los cuales las denunciadas mantuvieron la conducta anticompetitiva. Dicha opinión fue recogida por el Secretario de Industria, Comercio y Minería en la correspondiente resolución

4.5. Lina Tripicchio de Pascuzzo c/ Centro de Industriales Panaderos de Lanús

Este caso se inició con una presentación de la Sra. Lina Tripicchio de Pascuzzo denunciando al Centro de Industriales Panaderos de Lanús. La denunciante es la dueña de una panadería ubicada en el partido de Lanús (Provincia de Buenos Aires) y la denunciada es una entidad en la que se encuentran asociados la mayoría de los panaderos de la zona.

La conducta analizada en este caso fue la fijación de precios de venta del pan por parte del Centro de Industriales Panaderos, el cual confeccionaba listas de precios y las distribuía entre los comercios del ramo de su zona de influencia. Ante la falta de acatamiento de la imposición de precios, los panaderos renuentes (entre ellos la denunciante) debían soportar presiones por parte de la denunciada. Dichas presiones se traducían en amenazas y especialmente en la instalación, en las cercanías de su local, de puestos ambulantes, que vendían el pan a un precio significativamente inferior. Tales puestos desaparecían si el comerciante renuente volvía a cobrar el pan al precio fijado por el Centro de Industriales Panaderos.

De la investigación, surgió que la mayoría de los panaderos de la zona de Lanús vendía el pan al precio indicado por el Centro de Industriales Panaderos, y que éste pudo haber impulsado la instalación de los puestos ambulantes a los efectos de forzar la unificación de los precios de dicho producto en su zona de actuación. En el caso concreto de la panadería de la denunciante, la misma vendía el pan a $ 2 por kilogramo, cifra que resultaba inferior en un 17% a la fijada por el Centro. En los puestos ambulantes que se instalaron en las inmediaciones de dicha panadería, en cambio, el pan se comercializaba a $ 1 por kilogramo.

Del análisis de los hechos, la CNDC entendió que se hallaba ante un caso de acuerdo de precios que se materializaba a través de una corporación empresaria, la cual disponía asimismo de instrumentos para penalizar a aquellos comercios que se desviaban de la conducta prescripta. Concluida la instrucción, sin embargo, el Centro de Panaderos de Lanús presentó una propuesta de compromiso en los términos del artículo 24 de la ley 22.262. En virtud de tal propuesta, se comprometió a cesar y abstenerse de realizar las conductas objeto de investigación; a impedir todo tipo de práctica anticompetitiva en su jurisdicción, a denunciar a los asociados que incurrieran en tales conductas, a abstenerse de repartir listas de precios, y a dar amplia difusión del compromiso asumido entre sus asociados y entre las entidades que nuclean panaderías en otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.

La CNDC recomendó aceptar dicho compromiso, por entender que con su ejecución se podían evitar las interferencias en el funcionamiento de los mecanismos del mercado derivadas de la imposición de precios de venta al público del pan, posibilitando a los panaderos calcular el precio de tal producto de acuerdo a sus propias estructuras de costos y otras variables relevantes, e impidiendo la fijación artificial de precios nociva para el interés de los consumidores y para el interés económico general. A raíz del dictamen de la CNDC, el Secretario de Industria Comercio y Minería resolvió aceptar el compromiso propuesto, y ordenó la suspensión de la instrucción.

4.6. DIBA c/ Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada y Sociedad Odontológica de La Plata

Este caso se inició con una presentación de la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) en la que se denunciaba a la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada, y a la Sociedad Odontológica de La Plata. La denunciante es la obra social del personal de la Armada Argentina, y en tal carácter había venido realizando contrataciones en forma directa con odontólogos de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Las entidades denunciadas son asociaciones de profesionales que, entre otras actividades, centralizan las contrataciones de prestaciones odontológicas para los afiliados a distintas obras sociales, nucleando a la mayoría de los odontólogos matriculados en su área de influencia.

La conducta analizada en este caso fue la prohibición impuesta por la Agremiación y la Sociedad Odontológicas de que sus asociados contrataran directamente con obras sociales con las que no tuvieran convenios. El incumplimiento de esta prohibición traía aparejado para los odontólogos la baja automática del registro de prestadores de estas asociaciones, lo cual implicaba de hecho la imposibilidad de que dichos odontólogos pudieran atender afiliados de las obras sociales que tenían convenios con las entidades denunciadas. Como consecuencia de ésto, DIBA vio reducido su plantel de profesionales, en virtud de las renuncias presentadas por numerosos odontólogos que prefirieron dejar de atender a los afiliados de la obra social denunciante a ser excluidos de los registros de prestadores de las entidades profesionales.

Estos hechos tuvieron lugar dentro del mercado de prestaciones odontológicas para afiliados de obras sociales. De las pruebas realizadas surgió que, sobre un total de 1427 odontólogos matriculados en el área de La Plata, Berisso y Ensenada, 853 se encontraban asociados a la Sociedad Odontológica de La Plata y 548 a la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada. Esta participación preponderante en la oferta de servicios odontológicos fue la que permitió que dichas entidades canalizaran la contratación para la atención de los afiliados de las principales obras sociales que operan en la zona de actuación de las mismas. Al comprobarse que el mayor porcentaje del ingreso de los profesionales lo constituía el proveniente de la atención a afiliados a obras sociales, surgió claramente que la restricción impuesta por las entidades denunciadas resultaba perjudicial para los profesionales involucrados, así como para aquellas obras sociales que no mantenían convenios con dichas entidades y veían reducida su posibilidad de contratar odontólogos.

La CNDC consideró probada la posición dominante de la Sociedad Odontológica de La Plata y de la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada en el mercado involucrado, dado que en el mercado relevante no habían otras alternativas de similar magnitud. La mayoría de los profesionales se hallaban así inscriptos en los registros de prestadores de las entidades denunciadas, siendo ellas las que concentraban los contratos con las obras sociales más importantes. La CNDC consideró además que los hechos probados afectaban el interés económico general, al restringir la libre competencia e impedir el pleno funcionamiento del régimen de incentivos que la caracteriza y asegura las mejoras en la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos.

Tanto la Sociedad como la Agremiación Odontológicas denunciadas presentaron en un momento una propuesta de compromiso, consistente en la suscripción de un contrato con DIBA que permitía a todos los odontólogos asociados a dichas entidades prestar servicios a los afiliados de la obra social denunciante. Dicho compromiso fue rechazado por la CNDC, en virtud de que (si bien solucionaba el conflicto puntual que había dado origen al caso) no corregía la distorsión imperante en el mercado, al persistir como motivo de exclusión de los registros de prestadores la realización de contrataciones directas entre profesionales y obras sociales. Por todo ello, y a raíz del dictamen elaborado por la CNDC, el Secretario de Industria, Comercio y Minería ordenó a la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada y a la Sociedad Odontológica de La Plata el cese de la conducta restrictiva de impedir a sus asociados realizar contrataciones directas e impuso una multa de $ 35.000 a cada una de las denunciadas.

4.7. Servicios de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba c/ Durford

Este dictamen se refiere a una denuncia formulada por los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba contra Durford Commercial Corporation, en la que se objeta que la empresa denunciada pidió un precio excesivo por la cesión de sus derechos de televisación de las eliminatorias para el mundial de fútbol. El denunciante es una sociedad licenciataria de un canal de televisión abierto y dos radios en la ciudad de Córdoba, en tanto que Durford es una empresa panameña que adquirió los derechos de transmisión para el interior de la República Argentina de varios partidos de las eliminatorias del mundial de fútbol de 1998.

De las presentaciones efectuadas surgió que en el mercado de derechos de transmisión de partidos de fútbol rigen ciertas prácticas cuyos efectos se han modificado por otras vías en casos anteriores. Ejemplo de esto es el decreto 304/94, actualmente derogado, que establecía que los titulares de los derechos de televisación de ciertos partidos de fútbol de la selección argentina debían comercializarlos de modo de asegurar su difusión de la manera más amplia posible, dando prioridad a los canales abiertos donde los hubiera.

Otro hecho que salió a la luz como consecuencia de la investigación de la CNDC fue que, de existir la alternativa, los licenciatarios de derechos de transmisión de este tipo de espectáculos deportivos preferían siempre su comercialización a través de canales de cable, ya que los mismos aseguraban ingresos varias veces superiores. Tal cosa fue lo que sucedió en el mercado bajo análisis, en el cual Durford vendió sus derechos a varios sistemas de televisión por cable que competían con el canal abierto de la Universidad Nacional de Córdoba.

Para analizar si la práctica denunciada configuraba una conducta sancionable a través de la ley 22.262, la CNDC consideró tres aspectos básicos: si existía perjuicio al interés económico general, si se configuraba un abuso de posición dominante y si la situación era subsanable mediante la aplicación de mecanismos competitivos. El perjuicio al interés económico general quedó parcialmente probado, ya que se consideró que el hecho de que la cobertura por un canal de cable fuera más limitada que la de un canal abierto implicaba que de utilizarse el cable para la transmisión existía una franja de público que dejaba de demandar el programa. No pudo probarse en cambio que dicho perjuicio pudiera imputarse a un abuso de posición dominante por parte del denunciado, ya que, si bien el distribuidor era el único proveedor de los derechos de transmisión involucrados, el mismo había tenido que competir con otros distribuidores para adquirir tales derechos. Esto podía implicar que la mayor parte de las rentas obtenidas se disiparan en el proceso de adquisición y beneficiaran a los productores de los programas en cuestión (en este caso, a varias asociaciones de fútbol de diversos países).

Aun considerando que en este caso podía existir un perjuicio al interés económico general originado en el abuso de una posición dominante, la CNDC interpretó que el mismo era imposible de subsanar apelando a los remedios propios de la defensa de la competencia. Esto se debía a que la fuente del problema era la existencia de un monopolio natural en el origen de la transmisión, cuya solución sólo podía provenir de una regulación directa que estipulara la obligatoriedad de la televisación abierta o el libre acceso a ciertas transmisiones. Por ello aconsejó aceptar las explicaciones de Durford, no sin antes señalar la conveniencia de que el Estado emitiera una norma futura de carácter permanente que asegurara a nivel nacional la transmisión por televisión abierta de los acontecimientos deportivos de mayor trascendencia. Dicha opinión fue compartida por el Secretario de Industria, Comercio y Minería en la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones.

4.8. Víctor Godoy c/ Círculo Médico de Misiones Zona Sur

Estas actuaciones se iniciaron con una denuncia realizada por el Dr. Víctor Roberto Godoy contra el Círculo Médico de Misiones Zona Sur. El denunciante es un médico matriculado en el Colegio Médico de Misiones y empadronado en el Círculo Médico de Misiones Zona Sur para ejercer como cardiólogo. El denunciado es una entidad que nuclea la mayor parte de la oferta de profesionales médicos de la ciudad de Posadas y de las localidades aledañas de Apóstoles, Puerto Rico, Candelaria y Jardín América. Como tal, dicha entidad centraliza y unifica las contrataciones de los profesionales de la zona con aproximadamente 68 obras sociales, realizando la facturación, liquidación y pago de las prestaciones.

El motivo de la denuncia lo constituyó el impedimento que sufrió el denunciante para prestar sus servicios a afiliados a obras sociales, como consecuencia de haber sido excluido del registro de prestadores del Círculo Médico de Misiones. Dicha exclusión se produjo porque el Dr. Godoy se hallaba adherido a la empresa de prestaciones de servicios de emergencias médicas EMMI, que competía en ese mercado de emergencias médicas con Medisur, la cual era una sociedad constituida por el círculo médico denunciado. Ante dicha actitud por parte del Círculo Médico de Misiones Zona Sur, numerosos profesionales optaron por renunciar a EMMI, y dicha empresa sufrió una reducción muy considerable de su plantel de médicos.

Los hechos bajo estudio tuvieron lugar dentro de los mercados de servicios médicos y de servicios de emergencias médicas en el ámbito de la zona sur de la provincia de Misiones, cuyo centro económico es la ciudad de Posadas. En dicha zona, la entidad denunciada centraliza la mayor parte de las contrataciones entre los profesionales de la medicina y las obras sociales, habiendo extendido asimismo sus actividades a los mercados de medicina prepaga (a través de la empresa IAMIP) y de los servicios de emergencias médicas (a través de Medisur).

La posición que el Círculo Médico de Misiones Zona Sur tiene, tanto en la oferta como en la demanda del mercado de prestaciones médicas, le permitió exigir a los médicos que prestaban servicios en la empresa rival EMMI que renunciaran a trabajar para dicha empresa. A los que pretendieron continuar (como fue el caso del denunciante), el Círculo les aplicó como sanción la exclusión de su registro de prestadores. Con esto, la entidad denunciada logró eliminar la única competencia que tenía en el mercado de emergencias médicas, extendiendo su poder mercado desde el mercado de prestaciones médicas hacia el de servicios de emergencias médicas, donde finalmente consiguió el monopolio.

La CNDC consideró probada la posición dominante del Círculo Médico de Misiones en el mercado de la prestación de servicios médicos en la zona sur de la Provincia de Misiones, ya que dicha entidad es la que en los hechos posee el monopolio del acceso de los médicos a los contratos con las obras sociales, que son la fuente principal de trabajo para ellos. Al existir prohibiciones o restricciones al ingreso o permanencia en el mencionado círculo, las mismas configuraban barreras al ingreso al mercado, restringiéndose la oferta de profesionales. También la CNDC consideró afectado el interés económico general, por el perjuicio que el accionar del Círculo Médico de Misiones produjo a la comunidad de la zona. En efecto, si la entidad denunciada no hubiera concretado su política de persecución a los profesionales de EMMI y de aniquilamiento de la misma, la comunidad se habría visto favorecida con los resultados de un servicio prestado en condiciones de competencia (en calidad y precios) por dos empresas diferentes (EMMI y Medisur).

Por todo ello, y a raíz del dictamen elaborado por la CNDC, el Secretario de Industria, Comercio y Minería ordenó al Círculo Médico de Misiones Zona Sur el cese de sus comportamientos exclusorios, así como de cualquier otra conducta que restringiera o distorsionara el normal desenvolvimiento de los mercados de prestaciones médicas y de servicios de emergencias médicas. Asimismo, se impuso a la entidad denunciada una multa de $ 100.000.