2. La defensa de la competencia y el papel de la CNDC

2.2. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

La función básica de la CNDC es investigar y dictaminar en forma no vinculante sobre casos que inicia de oficio o por denuncias de particulares. Sus dictámenes son aprobados por un cuerpo colegiado compuesto de un presidente y cuatro vocales, y sirven luego de base para la correspondiente resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería. La CNDC tiene asimismo facultades para realizar estudios de mercados, emitir informes y pautas de interpretación de la ley, que propendan a una mayor difusión de la competencia en general y ayuden a prevenir la ocurrencia de prácticas anticompetitivas.

Las facultades de acción contra las prácticas anticompetitivas básicas que se instrumentan a través de los dictámenes de la CNDC y de las posteriores resoluciones del Secretario de Industria, Comercio y Minería son las siguientes:

Todas estas resoluciones son apelables ante las cámaras federales que correspondan a la jurisdicción en la que tuvo lugar la conducta analizada, o ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico si la jurisdicción correspondiente es la Capital Federal.

Pese a los amplios poderes otorgados por la ley 22.262, la CNDC sólo comenzó a tener una acción relevante en 1997, ya que prácticamente por primera vez han aparecido casos con la suficiente magnitud como para que la intervención de la CNDC pueda modificar la operatoria de algunos mercados clave para el funcionamiento de la economía.

La principal explicación del importante lapso transcurrido entre la sanción de la actual ley antimonopólica en 1980 y su aplicación efectiva en 1997 es el cambio del régimen económico producido en nuestro país en la última década. Para comprender la importancia de este hecho, es importante recordar que hasta el plan de estabilización de 1991 la Argentina era un país muy cerrado al comercio internacional, con fuertes regulaciones sobre la formación de precios y con un importante grado de estatización de su estructura económica. Como consecuencia de ello, la asignación de los recursos dependía muchas veces de decisiones oficiales más que de decisiones privadas, y el papel de la competencia como factor para mejorar el bienestar general se hallaba sumamente atenuado y distorsionado por intervenciones originadas en diversas políticas económicas.

Otro importante factor de desaliento para una efectiva aplicación de la ley de defensa de la competencia fue que desde la década de 1970 el estado financió sus déficits presupuestarios con tasas crecientes de impuesto inflacionario, con lo que se fue generando en los agentes privados una creciente capacidad de anticipación para defender sus ingresos, que culminó en dos episodios de hiperinflación que señalaron inequívocamente que la estabilización no tenía opciones. En particular, en la década de 1980 esta capacidad de anticipación se manifestó en una creciente tendencia de los empresarios a realizar aumentos preventivos basados en expectativas inflacionarias, que se intentaron combatir mediante acuerdos de precios entre el Estado y las cámaras empresarias. El propio estado indujo así a violar la ley de defensa de la competencia, al impulsar políticas de ingresos que fueron incentivando la corporativización de la vida empresaria.

En un contexto de estas características la función de una agencia de aplicación de una ley antimonopólica tenía poca cabida, dado que carecía de incentivos para actuar. Ello determinó que la CNDC se transformara en un organismo de existencia casi formal, que dedicaba sus pocos recursos a resolver pequeños litigios que muy poco afectaban el interés económico general. Esto implicó una distorsión del papel de una Comisión que, de ser un organismo pensado para aplicar una ley federal que protegiera el funcionamiento global de los mercados, pasó a desarrollar una tarea limitada a resolver casi irrelevantes disputas entre partes.